• Francisco Llambías

El Estado Argentino, obsesionado por la legalización del aborto.

Actualizado: jun 9


Si buscamos “obsesión” en la RAE encontramos que el término significa, en su segunda acepción, "idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud".

Y si contrastamos tal significado con la realidad que hoy nos toca vivir, parece existir una total correspondencia: en la Argentina los gobernantes tienen la idea fija y recurrente de imponer la eliminación sistemática de vidas humanas, es decir, quieren que haya abortos.

La determinante actitud de habilitar dicha práctica queda manifiesta cuando Juan Carlos Escobar, del Ministerio del Salud de la Nación, expresó el pasado 13 de abril que hay "salvedades" en las restricciones impuestas al sistema sanitario, considerándose la ILE (eufemismo que busca esconder la realidad del aborto, esto es, la aniquilación de una vida humana por nacer) como un servicio esencial que no puede ser afectado por la cuarentena impuesta a nivel nacional.

Vemos de este modo la intención de garantizar el acceso a dicha "prestación”, a toda costa.

Entonces, para las autoridades nacionales los ciudadanos pueden y deben renunciar a sus libertades más esenciales como ser a transitar y circular libremente o ejercer la industria y el comercio, pero no pueden ceder el acceso al aborto.

Lo grave del asunto es que, en una absoluta tergiversación de la realidad y a pesar de ser inconstitucional, las autoridades nacionales plantean que el acceso al aborto es una cuestión esencial.

Dejémoslo en claro, el derecho a la vida encuentra su fundamento en la ley natural y así lo reconoció nuestra Corte Suprema d e Justicia de la Nacion, expresando en el fallo “Sánchez Elvira” que el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta garantizado por la Constitución Nacional, derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional".

Asimismo, el derecho positivo viene a completar lo que no queda establecido explícitamente por derecho natural. Tratándose del valor vida, nuestro Estado reconoció tal derecho y lo revistió de plena protección.

Así ello, no importa que el aborto sea contrario a la Constitución Nacional, a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, al Código Penal de la Nación ni al Código Civil y Comercial.

Tampoco interesa que el 9 de agosto de 2018 el Congreso Nacional haya rechazado el Proyecto que lo intentara legalizar.

No es relevante el repudio generalizado que hace de tal práctica la comunidad médica, ni los sobrados fundamentos científicos que se expusieron en ambas Cámaras legislativas al momento de su deliberación y tratamiento.

No pesan las innumerables marchas que se llevaron a cabo a lo largo y ancho del país, donde millones de argentinos se expresaron pidiendo que se cuide la vida de la mujer y del ser humano por nacer.

No, nada de eso importa.

Algunos pensamos que la obsesión mermaba cuando nuestro Presidente declaró que debiamos hacer cuarentena obligatoria por el corona virus, expresando que: Una economia que cae siempre se levanta. Pero una vida que termina no la levantamos mas. Sin embargo, el gobierno confirma con sus declaraciones posteriores que sigue determinado en su afan por imponer el aborto. Cuando Alberto habló de vida, solo estaba discriminando entre seres humanos nacidos y por nacer. Los primeros merecedores de toda protección, los segundos, suceptibles de ser ejecutados si así lo desea su progenitora.

Quizás la obstinada inclinación de nuestras autoridades a imponer el aborto responda en gran medida a las presiones que sobre ellas ejercen potencias extranjeras, lo cual evidencia la crisis de nuestra soberanía.

Baste como ejemplo de lo mencionado, las expresiones de Mariela Belski, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, quien el 1 de marzo del corriente año, tras el anuncio de Alberto Fernández sobre la presentación de un nuevo proyecto de legalización del aborto, manifestó: “El Congreso ahora debe escuchar las demandas de decenas de miles de mujeres que han luchado para tener el control de lo que hacen sobre sus cuerpos. Es hora de que Argentina se una a la lista de países que han legalizado la interrupción del embarazo y diga ADIÓS al aborto clandestino."

Permitida su reproducción citando autor y a La Cumbrera.

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